UNA PRIORIDAD IMPOSTERGABLE
Carlos Bellido
Catedrático Universitario
En Panamá se apostaron dos mil 945 millones de dólares en 2013, experimentando un incremento de 10.2% con respecto a las apuestas del año anterior. Este mismo año, la Junta de Control de Juegos obtuvo ingresos de 80 millones de dólares provenientes de los casinos completos, salas de máquinas tragamonedas y otros juegos, mientras que la Lotería Nacional aportó al Estado otros 92 millones de dólares.
Entre los años 2010 y 2014, la proliferación de actividades relacionadas a los juegos de azar ha sido descomunal e incontrolable, bajo la mirada cómplice de una Junta de Control de Juegos que parece responder en mayor medida a los intereses económicos de los grandes operadores de juegos de azar, y no al bienestar de la población panameña, que cada vez más se está quedando atrapada en las garras de la ludopatía, con serias consecuencias sociales como la desintegración familiar, actos delictivos, improductividad laboral, bajo rendimiento académico de los estudiantes, suicidios, entre otros.
Durante este período se aprobaron 8 casinos completos, 1 sala de máquinas tragamonedas, 6 agencias de apuestas de eventos deportivos, 6 salas de bingos, 1 bingo televisado y 1 lotería instantánea o raspadito. También se renovaron los contratos de 5 agencias de apuestas de eventos deportivos y 26 salas de máquinas tragamonedas. En este último caso, se extendieron los contratos hasta el año 2033, y lo más inconsistente de todo, es que muchas de ellas operan en áreas geográficas donde residen o laboran un importante segmento de la población con bajos recursos económicos.
Hay diversos temas que reformular, y que guardan relación con la ubicación geográfica de las salas de juegos (lejos de escuelas, hospitales, iglesias, universidades, centros comerciales, etc.); con el incremento de la participación del Estado en los ingresos brutos de los operadores; con el destino social que se le debe dar a estos recursos millonarios (prevención y rehabilitación de la ludopatía, educación y viviendas de interés social); y con mayores exigencias a los operadores para que presenten un Plan de Mitigación de los efectos negativos colaterales que genera la actividad, principalmente en el tema de la ludopatía.
Estamos viviendo un momento político importante, que marca una oportunidad para que los nuevos gobernantes promuevan una revisión integral de la actual Ley de Juegos de Azar de Panamá, que a nuestro juicio, ofrece mayores ventajas a los grandes capitales extranjeros y a sus socios locales, que presionan política y financieramente para influir en el otorgamiento de las licencias, y menos ventajas al Estado y a la población panameña.
