¿Le interesa al Estado la ludopatía?

Los juegos de azar se han convertido en un tema de política económica en casi todos los países, por su fuerte impacto como inversión extranjera, en la creación de empleos y la generación de ingresos millonarios en derechos e impuestos para el Estado. Las ofertas son muy tentadoras para los políticos de turno y difícilmente las pueden rechazar, principalmente por los convincentes lobbies que practican los operadores de juegos de azar, aunado al poco interés del Estado de mantener una política social que proteja a los grupos más vulnerables y desprotegidos de la sociedad ante el aumento de ludopatía.

Los argumentos económicos para la apertura de salas de juego tienen un fuerte peso en las decisiones de otorgar las licencias a los operadores. Nadie duda que aporten a la economía, pero hay varias interrogantes que deben ser aclaradas. ¿Realmente estas inversiones extranjeras están orientadas al proceso productivo y contribuyen al crecimiento económico de los países? ¿Los puestos de trabajo que se generan son de calidad y bien remunerados? ¿Hacia dónde se dirigen los recursos que capta el Estado por esta actividad? ¿A financiar el gasto operativo de los gobiernos o a financiar programas de carácter social? ¿Quiénes son los que gastan su dinero en las salas de juego? ¿Los foráneos o los propios locales que afectan sus economías domésticas? ¿Las regulaciones en materia de juegos de azar son eficientes y eficaces? ¿Los juegos de azar tienen un elevado costo para la sociedad?   ¿Se destinan recursos a programas de prevención y recuperación de jugadores adictos?

                                                           

Los juegos de azar le imponen costos muy elevados a la sociedad en términos económicos, sociales y en la salud. En Panamá, a diferencia de otros países, no hay programas efectivos de prevención y rehabilitación. Los recursos económicos para el éxito de estos programas deben obtenerse de los impuestos y derechos que recauda el Estado. ¿Cuál es el destino de los millones de dólares anuales que recibe por la explotación de los juegos de azar? Si solamente se destinara un pequeño porcentaje de estos recursos para hacerle frente a la prevención y rehabilitación de jugadores patológicos, estamos seguros que se avanzaría en la batalla contra esta enfermedad.

Aprendamos de las experiencias de otros países, que como Argentina, a través del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, patrocina ciclos de conferencias sobre juegos patológicos. Estas jornadas apuntan a concienciar a la gente sobre la ludopatía. Se dirigen a colegios y comunidades de la provincia de Misiones.

En España y Costa Rica, los videojuegos, que están gestando nuevas generaciones de jugadores compulsivos, llevan advertencias similares a las de los cigarrillos o el alcohol.  ¿Cuándo les pondrán los carteles a las maquinas tragamonedas (prefiero llamarles tragabilletes) o a las mesas de juego o a los billetes de lotería que adviertan sobre los peligros del juego compulsivo?

La participación ciudadana, el gobierno, los diputados, la iglesia, los académicos, los investigadores, los políticos, los empresarios, los grupos cívicos, los gremios médicos, los operadores de juegos de azar y los grupos de jugadores anónimos deben aunar esfuerzos en la búsqueda de una revisión integral de la Ley que regula los juegos de azar en Panamá, introduciendo normas y regulaciones que ayuden a mejorar los controles y evitar un grave problema epidemiológico de ludopatía en la población. El ciudadano tiene el derecho a jugar, pero el Estado tiene la obligación de protegerlo, previniendo e impidiendo los aspectos negativos del juego y garantizando que quien no juega no se vea obligado a hacerlo como producto de una publicidad excesiva y una oferta desproporcionada y engañosa.

En la ciudad de Panamá, los casinos más importantes se encuentran a pocos metros de universidades,  oficinas públicas, escuelas y colegios, centros comerciales, bancos y otros tipos de negocios. Por ejemplo, si visitamos uno de estos casinos durante un día laborable, preferiblemente en la hora de almuerzo o a la hora de salida del trabajo, lo más seguro es que nos encontremos con elegantes ejecutivos de saco y corbata, empleados públicos y de empresas privadas, estudiantes universitarios con los libros en las manos y lógicamente, los ciudadanos que son clientes habituales de los casinos. ¿Qué están haciendo? “Se divierten sanamente en las maquinitas y mesas de juego”.  

Un estudio de University of Maryland Medical Center,  en Estados Unidos, estableció que en las áreas que se ubican a menos de 50 millas (80 kilómetros) de los casinos, entre el 4% y 5% de los adultos se convierten en adictos al juego. En nuestro país sería la distancia entre la ciudad de Panamá y el distrito de Chame o la Provincia de Colón. Imagínese la suerte que pueden correr los 640 mil jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, que viven en estos sectores. Si aplicamos la tasa promedio de prevalencia internacional, por lo menos 25 mil o más de ellos estarían en riesgo de convertirse en ludópatas. ¿Verdad que es preocupante? ¿Por qué la Junta de Control de Juegos se hace de la vista gorda ante esta alarmante situación? ¿Por qué no paran la desmedida proliferación de salas de juegos en el país? Estas son preguntas que lamentablemente aún no tienen respuestas.